Médicos del Departamento de Derechos Humanos COLMED apoya a Residentes Chile

DECLARACIÓN PÚBLICA

 

Los médicos que conformamos el departamento de Derecho Humanos del Colegio Médico, enterados del problema que afecta a nuestros colegas en etapa de formación de especialistas, en cuanto al desacuerdo en la firma de escrituras públicas que se les exige para asegurar su permanencia en el sistema público por 9 años, declaramos que:

El departamento de Derechos Humanos, como es de público conocimiento, ha establecido como uno de sus lineamientos principales la lucha contra la crisis actual que se vive en la Salud Pública de Chile, fijando como prioridad y poniendo en evidencia, no sólo la preocupación por los pacientes que son beneficiarios de él, sino también por las condiciones laborales que enfrentan el equipo de salud, y particularmente nuestros colegas.

Como reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos “ toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias en su trabajo, a una remuneración satisfactoria, que le asegure, tanto al trabajador  como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, a una limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas “[1]

La OMS además apoya los dichos anteriores, reconociendo el trabajo como un determinante fundamental en la salud de la población, y calificando como empleo justo aquel que se encuentra libre de coacción, que tiene seguridad  laboral  en  cuanto  al  contrato, protección social, ingreso justo, beneficios sociales, respeto, dignidad y participación en el ambiente de trabajo.[2]

Con  respecto a los principales puntos en conflicto evidenciados en esta situación:

  • Consideramos abusivas la Multas de 5400 UF o mayores  por abandono del programa de becas. Creemos que esto somete al futuro especialista a una gran carga que compromete el futuro económico de su núcleo familiar. Dichas multas debiesen ser proporcionales al tiempo pasado por el médico en el programa, y gasto respectivo incurrido por parte del MINSAL en su formación, para no convertir la beca en una suerte de “condena”, en donde el residente deba persistir en el programa, más por temor a su quiebra económica, que por vocación.
  • Consideramos que la petición de un aval para respaldar dichas escritura establece una selección por riesgo financiero, y que los programas de especialidad sólo debieran seleccionar por méritos académicos a sus participantes.
  • Las condiciones de devolución de las becas deben quedar claramente establecidas, evitando modificaciones unilaterales de contrato posteriores a la firma del mismo, pues por tratarse de un compromiso ineludible, ambas partes involucradas deben conocer todas la condiciones inherentes al él antes de su firma.
  • Creemos que todos los médicos pertenecientes a los programas de especialidad DEBEN TENER CALIDAD DE FUNCIONARIOS. Nos parece de especial gravedad este punto, que vulnera derechos básicos de todos los trabajadores, como contar con seguro de salud, sueldo, derecho a licencia médicas, días administrativos, vacaciones, estabilidad laboral y reconocimiento por antigüedad.

Observamos con preocupación como se trata de cubrir el déficit existente actualmente en el sistema de salud pública de especialistas, precarizando el trabajo médico, y disminuyendo al mínimo el riesgo para la parte contratante, dejando a nuestros colegas sin las condiciones esenciales de trabajo justo, atentando no sólo contra su dignidad, salud física y mental, sino también contra la de sus familias.

Nos parece que los incentivos para permanecer en el sistema público deberían pasar por reformas profundas al actual sistema de salud, segmentado e inequitativo que disminuyan la brechas en sueldo y condiciones generales de contratación entre el sistema público y privado y no por medidas punitivas, de permanencia forzosa. Estas medidas potencialmente pueden provocar un efecto adverso, que provoquen renuncias y puestos vacantes en los programas de formación de especialistas, hecho ya ocurrido en el proceso de selección de este año a dichos programas.

Creemos que las medidas antes mencionadas no asegurarán la fidelización a largo plazo de dicho capital humano, más allá de los 9 años que se exigen por contrato, pues soslaya un importante punto dentro de la planificación estratégica de las organizaciones, que es el hecho de alinear la misión y visión de la institución contratante, con los intereses los individuos que deberan desempeñarse en ella; al contrario, arriesga la productividad y genera ambientes de trabajo desfavorables, además de vulnerar los derechos laborales.

Debemos trabajar en conjunto por una mejor Salud Pública para nuestro país, pero esto necesariamente, por principios éticos y morales, debe pasar por la defensa férrea de la salud de los propios médicos que con pasión y compromiso deciden desempeñarse en ella, y el trabajo y sus condiciones es un determinante fundamental en este sentido.

El contrato ofrecido a nuestros colegas, y el cual comprensiblemente se han negado a firmar, no da garantías para ello, motivo por el cual declaramos nuestro público y total apoyo a sus demandas.

 

Atentamente

 

 

Dr Alvaro Reyes                                                     Dra Paula González

Presidente                                                             Secretaria Técnica

Departamento de DDHH                                    Departamento de DDHH

 



[1] Declaración Universal de Derechos Humanos

[2] Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de Soporte , 2010

 

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